jueves, 1 de diciembre de 2011

Diputados aprobó el proyecto de ley de identidad de género


El texto privilegia la vivencia del género tal como cada persona la siente. Autoriza la rectificación del sexo en los documentos sin orden judicial. La comunidad LGBT festejó lo que consideran un nuevo logro de la democracia.
 Pasadas las 19:30, en la Cámara de Diputados se escuchó la cuenta regresiva que seguían a viva voz desde los balcones los militantes de la comunidad LGBT acompañando la pantalla del recuento de votos. Entonces el resultado pudo leerse cuando la marca llegó a cero: de los 192 diputados presentes, 167 habían votado a favor y otorgado media sanción al proyecto de ley de identidad de género. Hubo aplausos y abrazos. Una emocionante sesión en la que algunos diputados que habían votado en contra del matrimonio igualitario esta vez apoyaron el proyecto para que las personas puedan registrar su identidad según cómo perciben su sexualidad. Sin tener que pasar por una requisa médica autorizante ni por desgastantes procesos judiciales. Apenas comenzaron sus alocuciones los diputados y diputadas empezaron a adelantar cómo votarían sus bloques. Así fue en el caso de Federico Storani, de la UCR que apoyó en general y en particular; o el de Federico Pinedo, del PRO.

La ley privilegia la “vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente”, autoriza la llamada “rectificación registral del sexo”, y garantiza la realización de intervenciones quirúrgicas totales y/o parciales para adecuar el cuerpo en hospitales públicos, privados y obras sociales. Establece que las personas podrán, además solicitar “el cambio de prenombre e imagen, cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida”. Entre los requisitos contemplados se menciona que la persona que solicite la rectificación registral del sexo y su cambio de prenombre debe “acreditar la edad mínima de 18 años de edad”.
Sin embargo, en el caso de los menores de esa edad la solicitud del trámite deberá ser efectuada por medio de los “representantes legales y con expresa conformidad del menor”.
Para lograr la rectificación la persona debe presentar ante el Registro Nacional de las Personas una solicitud en la que manifieste “encontrarse amparada por la presente ley”. Gustavo Ferrari (Peronismo Federal), planteó disidencias al artículo 5, que refiere a los menores de edad, para decir que el acceso de menores a la rectificación registral es “riesgoso, que con la sola voluntad de los padres se pueda cambiar el nombre y la identidad sexual de un niño que aún no está en su pleno razonamiento”. En cuanto al artículo 11, de las prestaciones de salud, pidió “delimitarlas”.
Tanto la Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans (FALGBT) como la Asociación de travestis, transexuales y transgéneros de Argentina (ATTTA) celebraron ayer la media sanción: “Ahora vamos por los senadores”, decían por Twitter.
El proyecto fue apoyado por los bloques del Frente para la Victoria, Partido Socialista, la Unión Cívica Radical, la CC-ARI, el Peronismo Federal, el PRO, Nuevo Encuentro, el Partido Demócrata Progresista, GEN, Proyecto Sur, Frente Amplio Progresista, y Partido Justicialista Pampeano entre otros

"Una patota del PRO vino a pegarles a los docentes"

LOS PATOTEROS NO ERAMOS NOSOTROS!!!

Lo confirmó el secretario general de Ademys, Carlos Oroz, en diálogo con INFOnews. Además, adelantó que en caso de que se apruebue la modificación de designación de profesionales podrían realizarse  "más paros". Mirá el video de la agresión a maestros. 
El secretario general de la Asociación Docente Ademys, Carlos Oroz, aseguró aINFOnews que "una patota del PRO vino a pegarle a los docentes" en el marco de la manifestación que llevan a cabo en la legislatura a la espera de la votación por la modificación que propone el gobierno porteño de modificar el actual sistema de designación de docentes.

En ese sentido, Oroz contó cómo se originaron los incidentes: “Mientras realizamos una protesta pacífica, una patota del PRO empezó a pegarnos. Repudiamos esta actitud que poco tiene que ver con la democracia que dicen defender. Pedimos que los responsables paguen por esta situación violenta”, agregó.
El momento de la agresión a los docentes
Respecto de futura votación tras de un extenso debate que se extendió por varios meses, explicó que aún hay desconcierto sobre los resultados, aunque se mostró esperanzado en que “haya una inclinación hacia la democracia”. “No sabemos qué puede llegar a pasar pero confiamos en que los legisladores no votarán a favor”, agregó.
En ese orden, explicó que “en caso de que se aprueba estudiamos realizar un paro, aunque antes haremos una asamblea para realizar un balance de la situación. Pero no hay que adelantarse y aún resta esperar”, añadió.
Además, Oroz contó que “hay muchas escuelas que se comunicaron para colaborar con la causa y propusieron declarar persona no grata a los legisladores que voten y apoyen la norma”.
Respecto de los grandes disturbios que hubo, la legisladora macrista, Victoria Morales Gorleri, aseguró que hubo agresiones hacia legisladores y contó que ella fue víctima de “un golpe en el estómago”.
Sobre las acusaciones que vinculan a la patota con “la barra de Boca” respondió que desde su sector no mandaron “a nadie” y explicó que no sabía quiénes eran.
El proyecto de ley que impulsa el gobierno porteño pretende modificar el actual sistema de designación de docentes en las escuelas, que en la actualidad se implementa a través de Juntas de Clasificación, por otro en el que el Ejecutivo sea el que dé el puntaje necesario para que un docente pueda tomar un cargo.
El proyecto será tratado hoy en la Legislatura junto a una propuesta alternativa de Sergio Abrevaya de la Coalición Cívica, que propone mantener el actual sistema pero reducir la cantidad de juntas.
Los 17 sindicatos docentes manifestaron su rechazo a ambas iniciativas y reclaman que se consulte a los docentes a través de jornadas institucionales a efectuarse en diciembre, febrero y marzo del 2012, para que los maestros puedan ser escuchados.
"Pedimos que los responsables paguen por esta situación violenta”, aseguraron desde Ademys
El legislador Francisco Nenna, del Frente para la Victoria y ex titular de la UTE, dijo que los docentes "estamos de acuerdo en la implementación de un legajo único y la informatización del sistema pero no el corazón de este proyecto, que es el reemplazo de las Juntas por una Oficina Única a cargo del Ejecutivo porteño".
"Contra este proyecto se unieron todos los docentes de la ciudad que acompañaron masivamente en todas las movilizaciones, por lo que las organizaciones gremiales responden a los que dicen sus bases. Los docentes no quieren ser elegidos a dedo ni por este gobierno ni por ningún otro", aseguró Nenna.
Según Nenna, el proyecto del macrismo "le da la potestad al actual jefe de gobierno (Mauricio Macri) de decidir ´este docente sí, este maestro no´. Esto tiene que ver con una cuestión ideológica que vincula a la educación como un servicio y no como un derecho social".
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Educación, la legisladora del PRO Victoria Morales Gorleri, manifestó la necesidad de cambiar el actual sistema de Juntas de Clasificación "que no siempre designaba al mejor docente al frente de un aula".
"Es lógico que a los sindicatos les duela este cambio. La idea es que el Ejecutivo se reserve la facultad de implementar un sistema más transparente con un puntaje preestablecido para cada docente", dijo la legisladora.
Fuentes del PRO admitieron la posibilidad de que, en el caso que la propuesta suya no obtenga los votos necesarios para su sanción, puedan encolumnarse detrás del proyecto alternativo que elaboró Abrevaya. 



Primer juicio oral por los agrotóxicos


DOS PRODUCTORES Y UN PILOTO SERAN JUZGADOS POR FUMIGAR CERCA DE UNA POBLACION
La Justicia de Córdoba decidió llevar a juicio oral a tres personas acusadas de contaminar con agroquímicos el barrio de Ituzaingó, en las afueras de la capital provincial. En el lugar fueron denunciados 200 casos de cáncer, cien de ellos fatales.

Por primera vez, tres personas serán sometidas a juicio oral y público por contaminar una zona poblada con plaguicidas peligrosos para la salud, principalmente el glifosato y el endosulfán. Los imputados son dos productores agropecuarios y un piloto de avión, que están acusados de llevar adelante una fumigación clandestina en Ituzaingó, un barrio cercano a la ciudad de Córdoba.
El juicio se hará entre el 27 de febrero y el 2 de marzo en la Cámara Primera del Crimen de Córdoba. Los imputados son los productores agropecuarios Jorge Gabrielli y Francisco Parra, y el comerciante y piloto Edgardo Pancello. Los tres fueron acusados de haber violado el artículo 58 de la ley 9164 de agroquímicos, que prohíbe la aplicación aérea de endosulfán o glifosato cerca de un sector urbano.
La investigación de la causa fue realizada por el fiscal de instrucción Carlos Matheu y luego terminó convalidada por la Cámara de Acusación de la ciudad de Córdoba.
La ley de agroquímicos prohíbe precisamente la aplicación aérea de determinados productos usados en las plantaciones en un radio menor a los 1500 metros (en el caso del endosulfán) y a los 500 metros (en el del glifosato) de distancia de la población urbana, por tratarse de químicos peligrosos para la salud.
La causa fue iniciada en 2008, cuando el entonces secretario de Salud de Córdoba, Medardo Avila Vázquez, denunció a los productores por considerar que fumigaban al lado del barrio, a pesar de la prohibición.
Las denuncias iniciales se remontan al año 2002, cuando un grupo de mujeres del barrio Ituzaingó denunció que había numerosos casos de cáncer en esa zona periférica. Las viviendas de esas personas están en un sector colindante con extensos campos cultivados. La investigación permitió detectar que casi 200 personas habían contraído cáncer y cerca de cien ya murieron. “Lamentablemente, no se hicieron los análisis del suelo ni seguimiento de chicos enfermos”, dijo Sofía Gatica, quien perdió a una hija con malformación de riñón y tiene otra hija –de 17 años– a la que ya le detectaron agroquímicos en sangre.
Por su parte y al solicitar el año pasado el enjuiciamiento de los tres imputados, el fiscal Carlos Matheu no dudó en afirmar que “estos agroquímicos son cancerígenos”.
La causa fue elevada a juicio tras constatar que la zona estaba contaminada con un cóctel tóxico, según los estudios realizados: el PCB de los transformadores de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) emplazados en el sector, agua contaminada con arsénico y los agrotóxicos por las fumigaciones cercanas.
El abogado Carlos Hairabedian, defensor de uno de los productores agropecuarios, consideró de todos modos que faltaban pruebas para sostener la acusación.
El uso de agroquímicos es cuestionado duramente por organizaciones ecologistas y científicos que realizan monitoreos de la situación. En ese marco, días atrás investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba dieron a conocer un informe sobre niveles significativos de metales pesados en granos de trigo en siete áreas de la provincia.
El investigador de la UNC y del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, Gonzalo Bermúdez, explicó a la agencia de divulgación del Instituto Leloir que en los granos recolectados se hallaron “metales y metaloides”, entre ellos “algunos tóxicos para la salud humana y ambiental como el plomo, cadmio, mercurio, níquel, zinc y cobre”.
“Debido a su alta estabilidad no pueden ser degradados o destruidos, por lo que tienden a acumularse en suelos y sedimentos, y a incorporarse en algunos cultivos”, acotó.


LA CAMARA BAJA DIO MEDIA SANCION A LAS LEYES DE MUERTE DIGNA E IDENTIDAD DE GENERO Y APROBO LA DE FERTILIDAD ASISTIDA


La ley de muerte digna otorga más derechos al paciente y su familia. Y protege a los médicos. La de identidad de género otorga beneficios a las personas trans. El proyecto de incorporar la fertilización asistida al PMO se aprobó a medio camino y pasó para el 2012.

Fue la última sesión de Diputados de un poco productivo período de sesiones ordinarias y antes del recambio parlamentario del 10 de diciembre que modifica la mitad de las bancas de la Cámara baja. Oficialismo y oposición acordaron trabajosamente un extenso temario que llevaron ayer al recinto. Aprobaron en bloque un paquete de proyectos sin observaciones ni disidencias, pero abrieron el debate sobre las iniciativas más complejas y de mayor impacto social sobre los derechos civiles. La ley de identidad de género obtuvo media sanción con el respaldo mayoritario del cuerpo después de cinco horas de debate, donde la discusión en particular terminó dividiendo transversalmente a muchas de las bancadas. Los diputados también acordaron acotar el debate sobre la iniciativa de muerte digna para enfermos terminales para poder darle media sanción. Pero a pesar del “gesto político” de adelantar la votación en general del proyecto para incorporar el tratamiento de fertilización asistida al Programa Médico Obligatorio, que se discutía contrarreloj, la iniciativa quedó sin media sanción por falta de quórum. Es que por tratarse del último día del período ordinario de sesiones, la posibilidad de sancionar leyes se acababa, como en el cuento de Cenicienta, a la medianoche.
La sesión especial empezó con atraso y algo distendida. Se aprobaron las renuncias de los diputados tucumanos del Frente para la Victoria que asumieron cargos legislativos y en el Ejecutivo provincial, el radical Héctor “Pechi” Quiroga, que asume la intendencia de la ciudad de Neuquén, y la del kirchnerista Mariano West, que asume la jefatura en la comuna bonaerense de Moreno. También hubo homenajes a los fallecidos Jorge Raúl Pérez, diputado del Frente Cívico Santiagueño, y Sergio Montiel, ex gobernador entrerriano de la UCR.
Una extensa cantidad de proyectos con acuerdo mayoritario de los bloques –salvo los que hicieron algunas objeciones sobre alguno de ellos en particular– se aprobó por 196 votos afirmativos, cinco abstenciones y ninguno en contra en un mismo paquete.
Allí se incluyó y se convirtieron en ley la autorización para la salida de tropas del país y el ingreso de extranjeras para la realización de ejercicio militares conjuntos; el feriado extraordinario (por única vez) el 27 de febrero de 2012 por el bicentenario de la creación y jura de la bandera patria; y la adhesión de la República Argentina al Fondo Multilateral de Inversión del Banco Interamericano de Desarrollo. Así como la creación de juzgados federales en varias ciudades y localidades del territorio nacional.
También son leyes la ratificación de los acuerdos con el Mercosur para la equiparación y el reconocimiento de los títulos de educación primaria y secundaria entre los Estado miembros; de la Unasur sobre compromiso en defensa de la democracia de los países que lo componen, y con la Unesco para la creación en Buenos Aires de un centro internacional para la promoción de los derechos humanos.

El debate

El debate se abrió a la hora de discutir el proyecto sobre identidad de género. Como presidenta de la Comisión de Legislación General, Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro) fue la encargada de defender el dictamen de la mayoría que suscribieron diputados de las bancadas del FpV, UCR, FAP y CC. “Es una iniciativa que permite respetar la dignidad de las personas transexuales, que contempla nuestra Constitución y los tratados de derechos humanos que a ella se han incorporado”, arrancó Ibarra.
“Estamos discutiendo la diferencia entre sexo y género, donde el género es mucho más abarcativo, de acuerdo con lo recogido en fallos que sentaron jurisprudencia y de acuerdo con planteos de las organizaciones de derechos humanos. A veces la identidad de género no coincide con el sexo que le fue asignado en la partida de nacimiento”, continuó la diputada, que luego agradeció a las organizaciones que colaboraron con la elaboración del proyecto “que ha costado muchos años de lucha y esfuerzo”.
Desde las bandejas del recinto bajaron los aplausos del colectivo de organizaciones y militantes de organizaciones como la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt), la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero (ATTA), Frente Nacional por la ley de Identidad de Género y la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), entre muchas otras. Muchos de ellos con musculosas violetas que llevaban como leyenda el apuro de la sanción de la ley: “Sin demora. Identidad ahora”.
Pero el debate se empantanó alrededor de dos artículos, el 5 y el 11 del dictamen de mayoría, donde el Peronismo Federal y el PRO –cuyos diputados se dividían entre el apoyo y el rechazo al proyecto– reclamaban la intervención judicial para permitir a los menores de edad, acompañados por sus padres, pudieran acceder al cambio de género permitiendo la modificación de su nombre de pila en la partida de nacimiento y la fotografía en el DNI, así como para acceder a ciertos tratamientos hormonales. El oficialista Luis Cigogna también se plegó al reclamo y dividió las opiniones dentro del FpV.
Las réplicas no se hicieron esperar. Ibarra, como la oficialista Juliana Di Tullio, la radical Silvana Giúdici y la ex Coalición Cívica Marcela Rodríguez invocaron la declaración universal de los derechos del niño, incorporada a la Constitución, como salvaguarda jurídico, y se negaron a someter a la Justicia la decisión asumida por los menores. En cambio, sí incorporaron al artículo 11 la autorización del juez correspondiente (de acuerdo con las distintas jurisdicciones judiciales) para el caso de la operación del cambio de sexo en menores de edad.
La votación en general consiguió 167 votos a favor del proyecto mayoritario, 17 en contra y siete abstenciones. La votación de los artículos polémicos logró disminuir el apoyo original, pero no revertir la tendencia mayoritaria: 117 a favor, 51 en contra y nueve abstenciones. El proyecto alcanzó media sanción.

Muerte digna

Con el reloj corriendo en contra, oficialistas y opositores volvieron a acordar en reducir los oradores a sólo los miembros informantes del dictamen de mayoría para pasar a votar en general el proyecto de muerte digna y dejar abierta la discusión para las diferencias en particular. La aprobación también fue contundente: 142 votos a favor, sólo seis en contra y dos abstenciones.
Sin embargo, las diferencias pudieron saldarse más rápidamente de lo previsto. Lo que posibilitó que la regulación de la protección de la dignidad de los enfermos en situación terminal o de agonía para garantizar la autonomía de los pacientes y el respeto a su voluntad de seguir sometiéndose o no a determinados tratamientos médicos obtuviera la media sanción. El proyecto también libera de la responsabilidad civil, penal y administrativa a los profesionales que obren de acuerdo a la ley, que contempla la decisión del paciente.

Fertilización asistida

Pero el apuro terminó por volver a empantanar el final de la sesión. El presidente del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, pidió adelantar la votación en general del proyecto de fertilización asistida para que no quedara trunca si no se votaba antes de la medianoche. El jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi, explicó las diferencias que dentro de su bloque abría el debate en particular, pero como muestra de “voluntad política” de aprobar la iniciativa, aceptó la propuesta de la UCR. La votación fue contundente 150 diputados lo hicieron a favor del proyecto, cuatro en contra y otros cuatro se abstuvieron.
Pero el gesto político también abrió la duda sobre su validez. Para muchos la votación no tendrá validez alguna después del recambio legislativo del 10 de diciembre y perderá estado parlamentario. Para otros, será al menos una muestra del consenso alcanzado para que la nueva composición parlamentaria tome los acuerdos alcanzados como base para una nueva discusión el año que viene si el tema no se incorpora a las sesiones extraordinarias que el Ejecutivo piensa convocar para diciembre.
Una hora antes de la medianoche la discusión se cortó abruptamente por falta de quórum. Para los diputados que terminaban su mandato quedó el sabor amargo de no poder avanzar en un tema que dividió opiniones hacia adentro de sus propios bloques. El reconocimiento de la infertilidad como una enfermedad y la incorporación de su tratamiento dentro del PMO que brinda el sector público, las obras sociales y las prepagas quedó postergado hasta el año próximo.
Por Miguel Jorquera http://www.pagina12.com.ar