El periodista rosarino, Carlos Del Frade, dijo que el presidente de la Corte Suprema le ofreció 40 mil dólares para “borrar” una nota de investigación que él mismo había realizado. Aquí el video
El periodista rosarino, Carlos Del Frade, denunció que presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, le ofreció u$s 40 mil para “borrar" una nota de investigación.
La denuncia fue realizada mediante un video que subió a la web un bloguero y muestra a Del Frade en una charla brindada en el Centro Cultural “La Toma” de la ciudad de Rosario.
La denuncia del periodista cuenta que en la década del 90´, cuando Lorenzetti era abogado de las prepagas del Pami, que saquearon la obra social más importante de Argentina, el hoy presidente de la Corte Suprema actuaba como abogado “carancho” y le permitió a sus amigos quedarse con la Asociación Médica de Rafaela.
Según las denuncias, desde 1990, la gerenciadora Apreme (luego Rafaela ACE), que integraban los dueños de Clínicas y Sanatorios -encontrándose entre ellos Lorenzetti- se disputaron con la entidad que representa a los médicos varios contratos de administración con obras sociales de la talla de PAMI, OSECAC y OSPIL.
Según Del Frade, luego de publicar el artículo periodístico, el secretario privado del presidente de la Corte lo citó a una entrevista con Lorenzetti, donde le ofrecieron 40 mil dólares para que el tema quedara en el olvido.
Para ver la denuncia completa de Carlos Del Frade haga clic en la imagen principal
NEGOCIOS Y JUSTICIA / Carlos Del Frade
EL SUPREMO
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Ricardo Lorenzetti, acaba de defender la propiedad privada, visitar el Vaticano de la mano de la presidenta Cristina Fernández y convertirse en uno de los principales referentes del grupo “Clarín” no solamente a la hora de hablar sobre libertad de expresión en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa. Lorenzetti será el juez supremo hasta el año 2012 y, por ende, trascenderá a sus propios impulsores, el matrimonio Kirchner. Su historia, sin embargo, denunciada por la Asociación Médica del Departamento Castellanos con asiento en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, está vinculada a las gerenciadoras del PAMI durante los años noventa no solamente como abogado sino también como socio y accionista. A partir de aquella publicación, la gremial de los médicos rafaelinos viene sufriendo nada menos que diecisiete juicios, una verdadera persecución cuyo origen se relaciona con la genealogía del máximo juez de los argentinos. Lo que usted va a leer es un adelanto de un trabajo de investigación de este cronista en torno a las luchas de algunos médicos contra las distintas mafias que medran con la necesidad de la salud.
LA EMPRESA MÉDICA
El miércoles 15 de diciembre de 2004, el diario “Página/12”, informaba que “tal como estaba previsto, el pliego de Ricardo Lorenzetti para ocupar el cargo de Adolfo Vázquez en la Corte Suprema fue aprobado ayer en la Comisión de Acuerdos del Senado. Durante una hora y media, el jurista santafesino respondió a las impugnaciones recibidas en su contra y al cuestionario elevado por los senadores y Organizaciones no gubernamentales”, decía la cabeza de la nota firmada por la periodista Adriana Meyer.
La crónica dice que “respecto de su doble nacionalidad (argentina e italiana), explicó que nunca ejerció sus derechos políticos fuera del país. Y agregó que nunca estuvo afiliado a partido político alguno. En todo momento se refirió al “señor Presidente”, tratando de tomar distancia dado que en las impugnaciones fue cuestionado por su amistad con el matrimonio presidencial”.
Agregaba que “los antecedentes académicos del candidato son abundantes, así como sus publicaciones. Y sus impugnadores utilizaron una de ellas, denominada “La empresa médica”, en la que queda expuesta su posición favorable al modelo privado de salud”, pero nada dijo –según la nota- en torno a su rol como apoderado y socio de una de las gerenciadoras del PAMI durante los tiempos de Menem y Alderete.
“Con el apoyo de una computadora portátil, Lorenzetti admitió que tenía dinero depositado en el exterior y siguió respondiendo. El senador Jorge Yoma destacó que su declaración jurada estaba en orden”, apuntaba el escrito.
¿De dónde venía ese dinero que Lorenzetti admitió tener depositado en el exterior?
¿De qué época?
Hay un momento interesante: “Quien presidía en ese momento la sesión, el senador Norberto Massoni, abrió el debate permitiendo la participación de las organizaciones no gubernamentales, pero se encontró con la mirada del senador Nicolás Fernández, que con señas le pedía que cerrara el debate. Y así fue”, asegura Meyer.
No hubo más preguntas para Lorenzetti.
El ex apoderado y socio de una de las gerenciadoras del PAMI durante los años noventa se aprestaba a formar parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y luego sería elegido presidente por dos períodos consecutivos hasta el año 2012.
Jamás olvidaría quiénes impugnaron su designación.
Uno de ellos, la Asociación Médica del Departamento Castellanos.
“Desde el año 1996 hasta el 2000, el abogado Ricardo Lorenzetti, propuesto hace unos días para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia; fue socio capitalista y fundador de una de las primeras gerenciadoras de salud en Rafaela: Apreme. Con un capital de 400 pesos, Lorenzetti comenzó a recorrer los pasillos de la medicina privada”, comenzaba la nota del diario “Castellanos”, del 19 de octubre de 2004.
Cinco años después, Lorenzetti acaba de ser reelecto como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese tiempo las denuncias judiciales contra la Asociación Médica del Departamento Castellanos llegaron a sumar casi dos decenas.
Para los integrantes de la gremial esa persecución legal se debe, entre otras razones, a la carta enviada el 27 de octubre de 2004 al entonces Ministro de Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, doctor Horacio Daniel Rosatti.
“En reiteradas oportunidades la presidenta del Programa Asistencia Médico Integral (PAMI), licenciada Graciela Ocaña, denunció el accionar de empresas gerenciadoras como intermediarias parásitas en el sistema de salud, atribuyéndoles a su desmanejo en la década del noventa, la crisis financiera que afrontó el Instituto. La licenciada Ocaña, quien cuenta con el aval del presidente Néstor Kirchner, debe enfrentar a diario los grupos de poder que operan en el PAMI, que transformaron la prestación de servicios en un negocio y que ocasiona graves perjuicios en la calidad de atención de sus afiliados”, decía uno de los párrafos de aquella carta.
El doctor Ricardo Lorenzetti “fue socio capitalista y fundador de una empresa gerenciadora de salud de Rafaela: APREME, constituida en el año 1996 y tuvo una activa participación durante cuatro años. Según consta en el acta constitutiva de dicha sociedad. Fuimos testigos del deterioro de la calidad de atención de los jubilados en nuestro departamento y apoyan nuestra impresión numerosas denuncias radicadas en la Agencia del PAMI de Rafaela. Además dejamos constancia de que como socio y abogado de la gerenciadora de salud de Rafaela APREME, operó ininterrumpidamente contra nuestra entidad gremial con demandas judiciales de todo tipo, por considerarnos competencia, a pesar de que nuestro fin no es el lucro. Si bien no podemos demostrar dolo ni ilegalidad en esta actuación del abogado rafaelino, lo consideramos moralmente inhabilitado para ejercer tan trascendente función en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, terminaba el escrito.
En el anuario 2004, el diario “Castellanos” resumió una serie de artículos en relación al doctor Lorenzetti y sus vínculos con las empresas de salud privada de Rafaela.
“Lorenzetti participó de la elaboración de la ingeniería legal de un grupo societario de dueños de clínicas y sanatorios que durante años prácticamente monopolizó el negocio de la salud en la ciudad. De esta sociedad (constituida a principios de 1994) participaron inicialmente los médicos Leonardo Parra, Carlos Tita y Rafael Barreiro (integrantes de las sociedades propietarias de los sanatorios Parra, Nosti y Policlínico Rafaela, respectivamente). Más tarde se incorporó el doctor Reynaldo Casabella, en representación del Sanatorio Moreno. De esa manera la sociedad asesorada por Lorenzetti concentraba a las cuatro clínicas locales y pasaba a conformar una especie de monopolio en el negocio de la salud en Rafaela destinada fundamentalmente a gerenciar contratos de obras sociales haciendo de intermediaria entre éstas y los sanatorios”, apuntaba la nota.
Agregaba que “las autoridades de las clínicas se comprometieron “a dictar conductas prestacionales a los médicos que integran los planteles de sus respectivos sanatorios a los fines de bajar costos”. De esta medida surgió lo que en los sanatorios se conocía como una política de premios y castigos para los médicos en función del ahorro de la cápita que pudieran producir. Es decir: castigos para quienes ordenaban estudios o análisis y premios para quienes evitaban ordenar estudios o prácticas complejas. Ese contrato, claramente contrario a los derechos de los afiliados de las obras sociales, también surgió bajo el asesoramiento de Lorenzetti”, afirmaba el diario.
“Finalmente el jurista fue socio de los principales dueños de clínicas y sanatorios rafaelinos en Apreme, entre los años 1996 y 2000. Integró la sociedad con un 4 por ciento, participaba del reparto de las ganancias y tenía un ingreso fijo mínimo mensual de 4 mil pesos establecido en el contrato societario que él mismo redactó. Apreme manejaba las cápitas de 20 mil jubilados, un negocio de unos diez millones de pesos (o dólares) al año. Los vínculos de Lorenzetti con las gerenciadoras fueron el argumento de las impugnaciones presentadas por la Asociación Médica del Departamento Castellanos y por el Foro de Estudios para la Administración de Justicia”, relataba el artículo.
El diario avanzaba en los contactos de Lorenzetti con los gremios de la ciudad, entre ellos la poderosa Unión Obrera Metalúrgica en tiempos del terrorismo de estado.
La nota recordaba que Lorenzetti fue el abogado patrocinante de la querella del ex intendente y luego diputado provincial del PJ, Ricardo Peirone, contra el diario “Castellanos”.
Terminaba la crónica agregando que “Lorenzetti fue asesor permanente de los doctores Parra y Barreiro, viejos dirigentes del peronismo en Rafaela. “En 1983 y 1987, tuvo activa participación en las campañas políticas e incluso, como lo señaló el entonces concejal peronista Aldo Camusso, en 1987 era el principal asesor legal de Rubén Pavetti, quien estuvo cerca de ganarle las elecciones municipales a Rodolfo Muriel…Las mismas fuentes revelaron que al crearse la Cámara de Apelaciones e incorporarse nuevos juzgados en Rafaela, se produjeron innumerables nombramientos de jueces. Muchos de ellos pasaron por el estudio jurídico del doctor Lorenzetti, quien bajo el padrinazgo de Parra (por entonces diputado provincial) decidía respecto de la suerte de los pretendientes a cubrir dichos cargos”, concluía la investigación periodística.
UNA CARTA ABIERTA AL FUTURO INTEGRANTE DE LA CORTE
“Recuerdo, doctor Lorenzetti, algunos momentos en que conversábamos hace muchos años (entonces el Mono y el Fito) en la tribuna del Club Atlético, en un recital de la señora Mercedes Sosa, recuperada o en vías de recuperarse la democracia perdida. Recuerdo sus convicciones, que compartíamos en el deseo de cambiar el mundo, en los 70 u 80, aunque Usted señale en un reportaje, que el concepto de “setentista” ha perdido su significado. Porque de estos ideales hablábamos entonces…”, comenzaba diciendo la “Carta abierta al futuro juez de la Corte Suprema (acerca de la salud pública y la incoherencia de este gobierno)”, del doctor Rodolfo Enrico publicada en el diario “Castellanos”, el miércoles 3 de noviembre de 2004.
“…Usted asesoró al ex intendente municipal Ricardo Peirone hasta el nuevo período de Omar Perotti (al menos así se desprendería de su inclusión en el listado de prestadores del Municipio de Rafaela, decreto 511 de los últimos años). ¿Quién cree que un intendente elige para asesorarlo o defenderlo o patrocinar una causa judicial contra un medio periodístico que critica severamente algún aspecto de su gestión, a un abogado que no sea del palo?. Usted también estuvo cerca del intendente, en la actividad empresarial de la salud. Actividad esta que pese a su legalidad, en muchos casos fue, objetiva y subjetivamente hablando, generadora de injusticias para con nuestros conciudadanos dado el modelo neoliberal, en aparente retirada, al que adhería…”, agrega la carta.
Cita en relación a los años noventa una frase de Alicia Stolkiner que dice que “el propio sistema de salud fue transformado para adecuarlo a la lógica del mercado…y tanto los trabajadores como los usuarios del sector fueron actores prácticamente mudos”.
Enrico recuerda que “en ese entonces, un grupo de luchadores gremiales de la salud veníamos sosteniendo un duro debate acerca de nombramientos en los cargos públicos de salud de familiares de caudillos o militantes locales y regionales sin concurso previo (en nuestra provincia este modelo de designación fue reinstalado a partir de la incipiente democracia). Mas tarde debimos rechazar el modelo de sociedades administradoras y de gestión legalizado por Cavallo en plena década menemista, mediante el decreto 9.93 que dio origen al repudiable mecanismo de la intermediación, con fines de lucro que terminaría convirtiéndose casi en una constante obligada de inclusión en el mercado laboral para los médicos si queríamos sobrevivir…”.
El médico le recuerda dos cartas que le envió Lorenzetti. En una de ellas le dice que “APREME no es una intermediaria” y menciona un párrafo donde habla de “los mandatos de la ciencia de las organizaciones más modernas”. Allí el ahora presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hacía notar que “su inclusión como socio de la firma (APREME) es una modalidad de pago que se utiliza en la administración moderna…”.
Enrico afirma: “Cuestionamos su adhesión a un modelo que, a todas luces, hoy ha fracasado. Lo cuestionábamos porque sufríamos al saber que no era necesario ni oportuno”.
Apuntaba que “a muchísimos empresarios de la salud les fue muy bien, viven y vivirán muy bien, fruto de sus legales actividades en la materia. Usted coincidirá conmigo que a muchísimos jubilados se les dio poco de lo que requerían si leemos como señalé, los medios de la época. Usted sabrá que contra ese modelo gerenciador – administrador se pronunciaron Ginés González García, el doctor Corchuelo Blasco, el doctor González Gaviola y hoy, la increíble sobreviviente Graciela Ocaña (rescatada su, creo, indiscutida honorabilidad y buenas intenciones). Ellos se pronunciaron acerca de ese modelo como “parasitario y otros calificativos”. Pero difícilmente podrán cortar las redes creadas. Ellos son representantes de un gobierno que hoy lo elige a usted para ser miembro del máximo organismo de la justicia nacional”, señalaba Enrico.
“Usted conseguirá miles de adhesiones académicas del mundo y de nuestra población. Aún la de muchos que pudieran estar en desacuerdo y no se animan a decirlo. Sería algo así como “hacerse amigo del juez”. Por las dudas. Yo no daría esa adhesión. Aún con el escaso o nulo peso que pueda tener mi quiero hacer pública mi opinión, haciendo uso del derecho constitucional en estos casos”, sostenía.
“Usted no me desmentirá, ya que lo charlamos alguna vez en presencia de una persona querida por ambos, que le recordé que no todos los procesados somos culpables ni todos, o al menos muchos de los culpables han sido siquiera arrimados a la justicia. Finalmente, Ricardo Lorenzetti, futuro juez de la Nación, usted coincidirá conmigo que a la hora de la partida, mis hijos transitarán las calles con orgullo, por las luchas no rehuídas, ganemos o perdamos, con techo o sin techo, con esperanzas o sin ellas, sin callarnos”, terminaba diciendo la carta abierta escrita por el doctor Enrico, hoy concejal de la ciudad de Rafaela.
Cinco años después, a mediados de noviembre de 2009, el mismo diario “Castellanos” informaba sobre una deuda de los responsables de la Asociación Médica del Departamento Castellanos para con los trabajadores del Policlínico y, en forma paralela, daba tapa a una condecoración recibida por Lorenzetti. Cinco años después, los denunciantes eran los denunciados y el abogado cuestionado era intocable.
La lucha de los médicos rafaelinos, indudablemente, continuará durante muchos años.
Una pelea que, por otra parte, se hizo encarnizada en la década del noventa, allí donde se hizo evidente una matriz de entrega del patrimonio nacional y privatización de los derechos sociales en beneficio de unos pocos.
Una década en la cual la salud se convirtió en un negocio también para minorías vinculadas con distintos estamentos del poder.
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Foto: Jorge Contrera
El miércoles 15 de diciembre de 2004, el diario “Página/12”, informaba que “tal como estaba previsto, el pliego de Ricardo Lorenzetti para ocupar el cargo de Adolfo Vázquez en la Corte Suprema fue aprobado ayer en la Comisión de Acuerdos del Senado. Durante una hora y media, el jurista santafesino respondió a las impugnaciones recibidas en su contra y al cuestionario elevado por los senadores y Organizaciones no gubernamentales”, decía la cabeza de la nota firmada por la periodista Adriana Meyer.
La crónica dice que “respecto de su doble nacionalidad (argentina e italiana), explicó que nunca ejerció sus derechos políticos fuera del país. Y agregó que nunca estuvo afiliado a partido político alguno. En todo momento se refirió al “señor Presidente”, tratando de tomar distancia dado que en las impugnaciones fue cuestionado por su amistad con el matrimonio presidencial”.
Agregaba que “los antecedentes académicos del candidato son abundantes, así como sus publicaciones. Y sus impugnadores utilizaron una de ellas, denominada “La empresa médica”, en la que queda expuesta su posición favorable al modelo privado de salud”, pero nada dijo –según la nota- en torno a su rol como apoderado y socio de una de las gerenciadoras del PAMI durante los tiempos de Menem y Alderete.
“Con el apoyo de una computadora portátil, Lorenzetti admitió que tenía dinero depositado en el exterior y siguió respondiendo. El senador Jorge Yoma destacó que su declaración jurada estaba en orden”, apuntaba el escrito.
¿De dónde venía ese dinero que Lorenzetti admitió tener depositado en el exterior?
¿De qué época?
Hay un momento interesante: “Quien presidía en ese momento la sesión, el senador Norberto Massoni, abrió el debate permitiendo la participación de las organizaciones no gubernamentales, pero se encontró con la mirada del senador Nicolás Fernández, que con señas le pedía que cerrara el debate. Y así fue”, asegura Meyer.
No hubo más preguntas para Lorenzetti.
El ex apoderado y socio de una de las gerenciadoras del PAMI durante los años noventa se aprestaba a formar parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y luego sería elegido presidente por dos períodos consecutivos hasta el año 2012.
Jamás olvidaría quiénes impugnaron su designación.
Uno de ellos, la Asociación Médica del Departamento Castellanos.
“Desde el año 1996 hasta el 2000, el abogado Ricardo Lorenzetti, propuesto hace unos días para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia; fue socio capitalista y fundador de una de las primeras gerenciadoras de salud en Rafaela: Apreme. Con un capital de 400 pesos, Lorenzetti comenzó a recorrer los pasillos de la medicina privada”, comenzaba la nota del diario “Castellanos”, del 19 de octubre de 2004.
Cinco años después, Lorenzetti acaba de ser reelecto como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese tiempo las denuncias judiciales contra la Asociación Médica del Departamento Castellanos llegaron a sumar casi dos decenas.
Para los integrantes de la gremial esa persecución legal se debe, entre otras razones, a la carta enviada el 27 de octubre de 2004 al entonces Ministro de Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, doctor Horacio Daniel Rosatti.
“En reiteradas oportunidades la presidenta del Programa Asistencia Médico Integral (PAMI), licenciada Graciela Ocaña, denunció el accionar de empresas gerenciadoras como intermediarias parásitas en el sistema de salud, atribuyéndoles a su desmanejo en la década del noventa, la crisis financiera que afrontó el Instituto. La licenciada Ocaña, quien cuenta con el aval del presidente Néstor Kirchner, debe enfrentar a diario los grupos de poder que operan en el PAMI, que transformaron la prestación de servicios en un negocio y que ocasiona graves perjuicios en la calidad de atención de sus afiliados”, decía uno de los párrafos de aquella carta.
El doctor Ricardo Lorenzetti “fue socio capitalista y fundador de una empresa gerenciadora de salud de Rafaela: APREME, constituida en el año 1996 y tuvo una activa participación durante cuatro años. Según consta en el acta constitutiva de dicha sociedad. Fuimos testigos del deterioro de la calidad de atención de los jubilados en nuestro departamento y apoyan nuestra impresión numerosas denuncias radicadas en la Agencia del PAMI de Rafaela. Además dejamos constancia de que como socio y abogado de la gerenciadora de salud de Rafaela APREME, operó ininterrumpidamente contra nuestra entidad gremial con demandas judiciales de todo tipo, por considerarnos competencia, a pesar de que nuestro fin no es el lucro. Si bien no podemos demostrar dolo ni ilegalidad en esta actuación del abogado rafaelino, lo consideramos moralmente inhabilitado para ejercer tan trascendente función en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, terminaba el escrito.
En el anuario 2004, el diario “Castellanos” resumió una serie de artículos en relación al doctor Lorenzetti y sus vínculos con las empresas de salud privada de Rafaela.
“Lorenzetti participó de la elaboración de la ingeniería legal de un grupo societario de dueños de clínicas y sanatorios que durante años prácticamente monopolizó el negocio de la salud en la ciudad. De esta sociedad (constituida a principios de 1994) participaron inicialmente los médicos Leonardo Parra, Carlos Tita y Rafael Barreiro (integrantes de las sociedades propietarias de los sanatorios Parra, Nosti y Policlínico Rafaela, respectivamente). Más tarde se incorporó el doctor Reynaldo Casabella, en representación del Sanatorio Moreno. De esa manera la sociedad asesorada por Lorenzetti concentraba a las cuatro clínicas locales y pasaba a conformar una especie de monopolio en el negocio de la salud en Rafaela destinada fundamentalmente a gerenciar contratos de obras sociales haciendo de intermediaria entre éstas y los sanatorios”, apuntaba la nota.
Agregaba que “las autoridades de las clínicas se comprometieron “a dictar conductas prestacionales a los médicos que integran los planteles de sus respectivos sanatorios a los fines de bajar costos”. De esta medida surgió lo que en los sanatorios se conocía como una política de premios y castigos para los médicos en función del ahorro de la cápita que pudieran producir. Es decir: castigos para quienes ordenaban estudios o análisis y premios para quienes evitaban ordenar estudios o prácticas complejas. Ese contrato, claramente contrario a los derechos de los afiliados de las obras sociales, también surgió bajo el asesoramiento de Lorenzetti”, afirmaba el diario.
“Finalmente el jurista fue socio de los principales dueños de clínicas y sanatorios rafaelinos en Apreme, entre los años 1996 y 2000. Integró la sociedad con un 4 por ciento, participaba del reparto de las ganancias y tenía un ingreso fijo mínimo mensual de 4 mil pesos establecido en el contrato societario que él mismo redactó. Apreme manejaba las cápitas de 20 mil jubilados, un negocio de unos diez millones de pesos (o dólares) al año. Los vínculos de Lorenzetti con las gerenciadoras fueron el argumento de las impugnaciones presentadas por la Asociación Médica del Departamento Castellanos y por el Foro de Estudios para la Administración de Justicia”, relataba el artículo.
El diario avanzaba en los contactos de Lorenzetti con los gremios de la ciudad, entre ellos la poderosa Unión Obrera Metalúrgica en tiempos del terrorismo de estado.
La nota recordaba que Lorenzetti fue el abogado patrocinante de la querella del ex intendente y luego diputado provincial del PJ, Ricardo Peirone, contra el diario “Castellanos”.
Terminaba la crónica agregando que “Lorenzetti fue asesor permanente de los doctores Parra y Barreiro, viejos dirigentes del peronismo en Rafaela. “En 1983 y 1987, tuvo activa participación en las campañas políticas e incluso, como lo señaló el entonces concejal peronista Aldo Camusso, en 1987 era el principal asesor legal de Rubén Pavetti, quien estuvo cerca de ganarle las elecciones municipales a Rodolfo Muriel…Las mismas fuentes revelaron que al crearse la Cámara de Apelaciones e incorporarse nuevos juzgados en Rafaela, se produjeron innumerables nombramientos de jueces. Muchos de ellos pasaron por el estudio jurídico del doctor Lorenzetti, quien bajo el padrinazgo de Parra (por entonces diputado provincial) decidía respecto de la suerte de los pretendientes a cubrir dichos cargos”, concluía la investigación periodística.
UNA CARTA ABIERTA AL FUTURO INTEGRANTE DE LA CORTE
“Recuerdo, doctor Lorenzetti, algunos momentos en que conversábamos hace muchos años (entonces el Mono y el Fito) en la tribuna del Club Atlético, en un recital de la señora Mercedes Sosa, recuperada o en vías de recuperarse la democracia perdida. Recuerdo sus convicciones, que compartíamos en el deseo de cambiar el mundo, en los 70 u 80, aunque Usted señale en un reportaje, que el concepto de “setentista” ha perdido su significado. Porque de estos ideales hablábamos entonces…”, comenzaba diciendo la “Carta abierta al futuro juez de la Corte Suprema (acerca de la salud pública y la incoherencia de este gobierno)”, del doctor Rodolfo Enrico publicada en el diario “Castellanos”, el miércoles 3 de noviembre de 2004.
“…Usted asesoró al ex intendente municipal Ricardo Peirone hasta el nuevo período de Omar Perotti (al menos así se desprendería de su inclusión en el listado de prestadores del Municipio de Rafaela, decreto 511 de los últimos años). ¿Quién cree que un intendente elige para asesorarlo o defenderlo o patrocinar una causa judicial contra un medio periodístico que critica severamente algún aspecto de su gestión, a un abogado que no sea del palo?. Usted también estuvo cerca del intendente, en la actividad empresarial de la salud. Actividad esta que pese a su legalidad, en muchos casos fue, objetiva y subjetivamente hablando, generadora de injusticias para con nuestros conciudadanos dado el modelo neoliberal, en aparente retirada, al que adhería…”, agrega la carta.
Cita en relación a los años noventa una frase de Alicia Stolkiner que dice que “el propio sistema de salud fue transformado para adecuarlo a la lógica del mercado…y tanto los trabajadores como los usuarios del sector fueron actores prácticamente mudos”.
Enrico recuerda que “en ese entonces, un grupo de luchadores gremiales de la salud veníamos sosteniendo un duro debate acerca de nombramientos en los cargos públicos de salud de familiares de caudillos o militantes locales y regionales sin concurso previo (en nuestra provincia este modelo de designación fue reinstalado a partir de la incipiente democracia). Mas tarde debimos rechazar el modelo de sociedades administradoras y de gestión legalizado por Cavallo en plena década menemista, mediante el decreto 9.93 que dio origen al repudiable mecanismo de la intermediación, con fines de lucro que terminaría convirtiéndose casi en una constante obligada de inclusión en el mercado laboral para los médicos si queríamos sobrevivir…”.
El médico le recuerda dos cartas que le envió Lorenzetti. En una de ellas le dice que “APREME no es una intermediaria” y menciona un párrafo donde habla de “los mandatos de la ciencia de las organizaciones más modernas”. Allí el ahora presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hacía notar que “su inclusión como socio de la firma (APREME) es una modalidad de pago que se utiliza en la administración moderna…”.
Enrico afirma: “Cuestionamos su adhesión a un modelo que, a todas luces, hoy ha fracasado. Lo cuestionábamos porque sufríamos al saber que no era necesario ni oportuno”.
Apuntaba que “a muchísimos empresarios de la salud les fue muy bien, viven y vivirán muy bien, fruto de sus legales actividades en la materia. Usted coincidirá conmigo que a muchísimos jubilados se les dio poco de lo que requerían si leemos como señalé, los medios de la época. Usted sabrá que contra ese modelo gerenciador – administrador se pronunciaron Ginés González García, el doctor Corchuelo Blasco, el doctor González Gaviola y hoy, la increíble sobreviviente Graciela Ocaña (rescatada su, creo, indiscutida honorabilidad y buenas intenciones). Ellos se pronunciaron acerca de ese modelo como “parasitario y otros calificativos”. Pero difícilmente podrán cortar las redes creadas. Ellos son representantes de un gobierno que hoy lo elige a usted para ser miembro del máximo organismo de la justicia nacional”, señalaba Enrico.
“Usted conseguirá miles de adhesiones académicas del mundo y de nuestra población. Aún la de muchos que pudieran estar en desacuerdo y no se animan a decirlo. Sería algo así como “hacerse amigo del juez”. Por las dudas. Yo no daría esa adhesión. Aún con el escaso o nulo peso que pueda tener mi quiero hacer pública mi opinión, haciendo uso del derecho constitucional en estos casos”, sostenía.
“Usted no me desmentirá, ya que lo charlamos alguna vez en presencia de una persona querida por ambos, que le recordé que no todos los procesados somos culpables ni todos, o al menos muchos de los culpables han sido siquiera arrimados a la justicia. Finalmente, Ricardo Lorenzetti, futuro juez de la Nación, usted coincidirá conmigo que a la hora de la partida, mis hijos transitarán las calles con orgullo, por las luchas no rehuídas, ganemos o perdamos, con techo o sin techo, con esperanzas o sin ellas, sin callarnos”, terminaba diciendo la carta abierta escrita por el doctor Enrico, hoy concejal de la ciudad de Rafaela.
Cinco años después, a mediados de noviembre de 2009, el mismo diario “Castellanos” informaba sobre una deuda de los responsables de la Asociación Médica del Departamento Castellanos para con los trabajadores del Policlínico y, en forma paralela, daba tapa a una condecoración recibida por Lorenzetti. Cinco años después, los denunciantes eran los denunciados y el abogado cuestionado era intocable.
La lucha de los médicos rafaelinos, indudablemente, continuará durante muchos años.
Una pelea que, por otra parte, se hizo encarnizada en la década del noventa, allí donde se hizo evidente una matriz de entrega del patrimonio nacional y privatización de los derechos sociales en beneficio de unos pocos.
Una década en la cual la salud se convirtió en un negocio también para minorías vinculadas con distintos estamentos del poder.
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Foto: Jorge Contrera
Carlos Del Frade: Escritor, periodista y docente. Nació en Rosario en 1963. Autor, entre una treintena de trabajos, de "Postales del ex-cordón industrial del Gran Rosario"; "La iglesia y la construcción de la impunidad"; "Desaparecidos desocupados"; "El Rosario de Galtieri y Feced"; "Santa Fue, una provincia robada"; "Matar para robar"; "Ciudad blanca, crónica negra"; "Central Ñuls, la ciudad goleada" y "Perón, la Triple A y los Estados". Es director periodístico de Radiohistorias (Radio Universidad Rosario, lunes a viernes, 23:00 hs) y La Voz del Grillo" (Televisión Regional de San Lorenzo, miércoles, 21:00 hs); y del portal de noticias Postales del Sur. Es redactor de la Agencia de Noticias Pelota de Trapo y de las revistas El Vecino y El Eslabón (Rosario) y Postales (Alcorta). Entre otros premios, obtuvo en varias oportunidades el Martín Fierro por su labor en radio; y en el 2005 recibió el Premio Nacional Arturo Jauretche por su labor en los medios de comunicación.
FUENTES:
http://politicaplus.com/
http://www.youtube.com/watch?v=VGLuFyn23g0&feature=player_embedded
http://www.prensaregional.com.ar/index.php?seccion=Notas.php&id=77
y como no si esto es el poder judicial que se a transformado en el gobierno que tenemos los argentino y que yo sepa no lo votamos para tal gestion
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